Gustavo Petro
25 de Noviembre de 2025
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Infiltración de disidencias, crisis de seguridad y presión institucional sobre el Gobierno Petro:
El escándalo de alias Calarcá continúa dominando la agenda nacional con nuevas revelaciones que implican a militares, funcionarios civiles, organismos de inteligencia y líderes regionales, mientras distintos sectores —desde Diego Molano hasta la Procuraduría, Fiscalía y varios diputados de Antioquia— advierten que la seguridad nacional está en vilo. Persisten dudas sobre reuniones, archivos, manejo de inteligencia y presuntas omisiones, lo que llevó a evaluar sanciones, compulsar copias contra la Fiscalía de Medellín y avanzar en investigaciones sobre directivos de la DNI e INDUMIL. Petro, entre retractaciones y cambios de narrativa, insiste en que él mismo denunció redes criminales como “Los 12 Apóstoles” y ordena mantener bombardeos contra disidencias, en medio de un país que enfrenta homicidios, secuestros, bandas criminales, reclutamiento de menores y violencia en expansión.
Crisis política, tensiones internas en el Gobierno y fracturas en la coalición oficialista:
El gobierno atraviesa una fase de fracturas profundas: la ruptura política con el caicedismo ya es pública; el Consejo de Ministros reveló divisiones en la izquierda; y gobernaciones como la de Magdalena marcan distancia del petrismo por nombramientos polémicos y disputas internas. Petro genera controversia por declaraciones sobre el Día de la No Violencia contra la Mujer, retractaciones sobre el clítoris, críticas a Trump y choques con congresistas como Polo Polo. También crece el ruido por el escándalo de Verónica Alcocer, con notas que van desde Estocolmo hasta Medellín. La percepción general es de un Gobierno tensionado, con narrativa inestable y desgaste político acelerado.
Reformas clave en riesgo: pensional y tributaria viven sus días más críticos:
La reforma pensional enfrenta una decisión crucial tras la designación de un conjuez, mientras el Ministerio de Trabajo presiona públicamente a la Corte Constitucional a “ponerse del lado del pueblo trabajador”. Al mismo tiempo, la reforma tributaria llega a un día definitivo entre debates fragmentados en Senado y Cámara, con temas como plataformas digitales, impuesto al carbono, retención en la fuente, importaciones (incluido el caso TEMU), IVA, impuesto de renta y patrimonio. El futuro fiscal del país queda en manos de un Congreso dividido, un Gobierno debilitado políticamente y tensiones crecientes con sectores empresariales, líderes de oposición y la opinión pública.
Fiscalías, justicia y alto impacto judicial: Bonilla, Velasco, Nicolás Petro, Santiago Uribe y más:
Fiscalías, justicia y alto impacto judicial: Bonilla, Velasco, Nicolás Petro, Santiago Uribe y más:La justicia toma protagonismo con múltiples casos simultáneos: la Fiscalía imputará cargos y solicitará cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la UNGRD; Nicolás Petro no aceptó cargos por presunto desvío de recursos; y Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, fue condenado en segunda instancia a 28 años por paramilitarismo, marcando uno de los fallos más relevantes del año. Además, la Fiscalía evalúa responsabilidades de funcionarios por ocultar información relacionada con alias Calarcá, mientras se discuten investigaciones contra directores de INDUMIL y posibles nexos de funcionarios regionales y nacionales con estructuras ilegales.
Petroleras, Permian, Lista Clinton y fricciones con EE. UU. y Venezuela:
Petroleras, Permian, Lista Clinton y fricciones con EE. UU. y Venezuela:La tensión energética y geopolítica sube de tono: Petro advierte que si Ecopetrol ingresa a la Lista Clinton, Oxy podría quedarse con la totalidad del bloque Permian, lo que implicaría un golpe económico y diplomático de alto impacto. El Presidente también acusa a Trump y critica a figuras de la industria como Vicki Hollub, generando ruido en mercados y gremios. A esto se suma la discusión sobre fracking, hidrocarburos, sanciones internacionales y el rol de Venezuela en la estrategia energética regional, mientras el Gobierno insiste en que el país enfrentará un “riesgo inminente” si no vende su participación en el Permian.
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