Gustavo Petro
31 de Diciembre de 2025 y 1 de Enero de 2026
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Salario mínimo 2026:
El decreto del presidente Gustavo Petro que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, cercano al 23,7 %, provocó un fuerte remezón económico y social, con reacciones adversas de comerciantes, gremios empresariales, colegios privados y sectores productivos que advierten riesgos sobre el empleo formal, el cierre de pymes y el aumento de la informalidad. Mientras el Gobierno defiende la medida como un alivio para el bolsillo de los trabajadores, entidades como Fenalco, Anif y asociaciones sectoriales alertan por el encarecimiento de costos, efectos en precios y servicios atados al mínimo y un impacto desigual entre regiones como Norte de Santander.
Emergencia económica y nuevos impuestos:
La declaratoria de Emergencia Económica abrió un nuevo frente de debate con la expedición de decretos que contemplan nuevos tributos y ajustes fiscales, incluyendo impuestos a licores, juegos de azar, plataformas electrónicas, cigarrillos y vapeadores, así como medidas sobre regalías y deducciones tributarias. Estos anuncios generaron preocupación en gremios, comerciantes y expertos por su impacto en el consumo, la inversión y la seguridad jurídica, además de anticipar eventuales demandas ante la Corte Constitucional y un choque político entre el Ejecutivo y el Congreso.
Crisis del sistema de salud y polémica por la UPC 2026:
El sistema de salud volvió al centro del debate tras la fijación de la UPC para 2026, decisión que gremios, EPS y asociaciones médicas calificaron como insuficiente y desconectada del aumento del salario mínimo y de los costos reales del sector. La controversia se da en medio de una profunda crisis de atención, escasez de medicamentos y advertencias de pacientes y expertos sobre el riesgo de colapso financiero, lo que refuerza las tensiones entre el Gobierno, la Corte Constitucional y los actores del sistema sanitario.
Educación superior y choque institucional en Antioquia:
Educación superior y choque institucional en Antioquia:La remoción del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, por orden del Ministerio de Educación, desató un conflicto político e institucional entre el Gobierno Nacional y autoridades regionales, especialmente la Gobernación de Antioquia. El caso refleja las tensiones alrededor de la financiación, la gobernanza universitaria y la autonomía de las instituciones públicas, en un contexto de crisis presupuestal y debates sobre el rumbo de la educación superior bajo la administración Petro.
Orden público, paz total y deterioro de la seguridad:
Orden público, paz total y deterioro de la seguridad:El cierre de 2025 estuvo marcado por un balance crítico de la “Paz Total”, con informes que advierten un aumento de la violencia, el fortalecimiento de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, y una situación particularmente grave en regiones como el Catatumbo y la Sierra Nevada. Organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales alertan por homicidios, desplazamientos y amenazas, mientras crece la percepción de ausencia estatal y se cuestiona la capacidad del Gobierno para retomar el control territorial.
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