Gustavo Petro

En medio del escándalo, Petro aparece como uno de los presidentes menos populares de Sudamérica, enfrenta críticas por no defender públicamente a la vicepresidenta Francia Márquez, y mantiene tensiones con alcaldes como el de Cali y Medellín. El Gobierno niega vínculos con disidencias, habla de “versiones falsas” y denuncia conspiraciones externas, pero figuras políticas de todos los sectores —Uribe, Cristo, Valencia, Benedetti, Cepeda— alimentan el debate. La controversia también salpica a Verónica Alcocer por presuntos vínculos con créditos en el Banco Agrario. El ambiente refleja un desgaste institucional creciente y un Gobierno a la defensiva frente a múltiples frentes de presión mediática, judicial y diplomática.

El país vive un deterioro persistente en seguridad: un operativo contra el ELN dejó un muerto y cuatro heridos en el suroeste; una joven de Medellín fue rescatada en Ecuador tras ser secuestrada y obligada a casarse; se reportan asesinatos como el de un vigilante en San Vicente; y siguen los impactos de bandas criminales, Clan del Golfo y disidencias en regiones críticas como Cauca, Chocó y Antioquia. Las autoridades evalúan el efecto de la suspensión de órdenes de captura en el marco de la Paz Total y se cuestiona la capacidad de las instituciones infiltradas para enfrentar grupos armados. La violencia urbana, el miedo ciudadano y la presión sobre la Fuerza Pública dominan buena parte de la conversación nacional.

Estados Unidos toma protagonismo al exigir investigaciones sobre los supuestos nexos del Gobierno Petro con disidencias, mientras su Departamento de Estado, el Embajador en Colombia y organismos de seguridad norteamericanos reaccionan al informe sobre infiltración. A esto se suma la tensión geopolítica por Venezuela, donde la posición de Petro y la reacción de EE. UU. influyen en comercio, visas y estabilidad regional. El impacto diplomático es inmediato: Washington vigila los avances judiciales, cuestiona los manejos de inteligencia colombiana y hace seguimiento a figuras de la lista Clinton, narcotráfico y relaciones binacionales. El caso Calarcá deja de ser un problema interno y entra de lleno en la agenda geopolítica hemisférica.