9, 10, 11 y 12 de Enero de 2026
La posible captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos reabrió el debate sobre sus efectos geopolíticos, especialmente en materia energética, como la eventual importación de gas venezolano hacia Colombia. Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro convocó en varias ocasiones a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con la participación de expresidentes y altos funcionarios, para analizar el impacto de lo ocurrido en Venezuela, la relación con Washington y la postura que asumirá Colombia en medio de una coyuntura regional altamente volátil.
La preparación de la visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca entre el 4 y 6 de febrero se convirtió en eje central de la agenda internacional, con viajes previos del ministro de Defensa a EE. UU., reuniones diplomáticas y filtraciones sobre los temas clave: lucha contra el narcotráfico, cooperación en inteligencia, migración, visas y sanciones. A esto se suman anuncios de Donald Trump sobre aranceles, Irán y su política exterior, que refuerzan la percepción de una relación condicionada por resultados concretos y por la situación en Venezuela.
Las reacciones de figuras del chavismo como Diosdado Cabello, el regreso a clases en Venezuela y las tensiones con la oposición contrastan con el impacto regional de las declaraciones de grupos armados ilegales. Alias ‘Iván Mordisco’ llamó a una alianza criminal contra Estados Unidos, mientras el ELN propuso un “acuerdo nacional” que fue rechazado por el presidente Petro, evidenciando que el conflicto armado colombiano sigue conectado a dinámicas transnacionales, economías ilícitas y decisiones geopolíticas.
En el frente interno, el Gobierno suspendió el traslado de cabecillas criminales en Barranquilla en medio de alertas de seguridad por el Carnaval, mientras el ministro de Justicia denunció presunto espionaje con el software Pegasus, generando un nuevo choque institucional que involucra a Fuerzas Armadas, organismos de control y gobiernos anteriores. Estas denuncias, sumadas a los debates sobre pactos carcelarios y transparencia, refuerzan un clima de alta desconfianza en materia de seguridad y control estatal.
El inicio del año estuvo marcado por nuevos impuestos, advertencias de la SIC sobre control de precios y decisiones de alto impacto económico, como el aumento del pasaje de TransMilenio, el alza en tarifas de administración de propiedad horizontal y el levantamiento de peajes en el Eje Cafetero con el fin de terminar la concesión Autopistas del Café. En paralelo, el Gobierno presentó nuevas reglas para evitar que la vivienda suba de precio con el aumento del salario mínimo, en un contexto de inflación, presión fiscal y vigilancia de la Corte Constitucional.
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