Gustavo Petro
23 de Diciembre de 2025
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Emergencia económica:
La declaratoria de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro se consolida como el principal eje de la agenda mediática y política, atravesando discusiones sobre déficit fiscal, caída de la reforma tributaria, financiamiento del presupuesto 2026, aumento del salario mínimo y manejo de recursos públicos. El decreto ha generado una intensa controversia institucional, con anuncios de demandas, solicitudes de suspensión, control político desde el Senado y cuestionamientos de constitucionalistas, mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para sostener el gasto social, responder a presiones fiscales y garantizar estabilidad económica en un contexto adverso.
Reacciones políticas, oposición y clima preelectoral hacia 2026:
El decreto de emergencia económica se convierte en un catalizador del escenario preelectoral, activando pronunciamientos y posicionamientos de precandidatos presidenciales y partidos políticos de cara a 2026. Figuras como Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Daniel Quintero, Claudia López, Juan Manuel Galán, Abelardo de la Espriella y Roy Barreras fijan posturas que reflejan la polarización entre oficialismo y oposición, mientras avanzan definiciones sobre consultas interpartidistas, alianzas políticas y estrategias electorales, con encuestas, análisis de opinión y disputas narrativas que ya anticipan una campaña adelantada.
Tensiones institucionales y control constitucional:
La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, el Congreso y otros órganos de control emergen como actores clave en la evaluación de la legalidad y conveniencia del decreto de emergencia económica. Preocupan los alcances del uso de facultades extraordinarias, el impacto en la separación de poderes y los antecedentes históricos de estados de excepción en Colombia, mientras magistrados, expertos y periodistas especializados advierten sobre los riesgos jurídicos y fiscales, reforzando un ambiente de alta tensión entre el Ejecutivo y las instituciones.
Economía, finanzas públicas y medidas de impacto ciudadano:
Economía, finanzas públicas y medidas de impacto ciudadano:La agenda económica se amplía más allá del decreto, incorporando temas sensibles como el aumento del ACPM, la posible definición del salario mínimo por decreto, la venta de bonos TES, el manejo del Fondo Nacional del Ahorro, la deuda pública y la proyección del PIB. Estos asuntos generan reacciones del sector empresarial, sindicatos, gremios como la ANDI, economistas y organismos internacionales, evidenciando la preocupación por la inversión, la estabilidad macroeconómica y el impacto directo de las decisiones gubernamentales sobre el costo de vida y el empleo.
Seguridad, conflicto armado y política antidrogas:
Seguridad, conflicto armado y política antidrogas:La seguridad vuelve a ocupar un lugar prioritario con el aumento de homicidios en varias regiones, denuncias sobre atentados a infraestructura energética, presencia de grupos armados y debates sobre la erradicación de cultivos ilícitos. El Gobierno retoma estrategias como la fumigación con glifosato y la aspersión con drones, en medio de cuestionamientos ambientales, judiciales y políticos, mientras la narrativa oficial intenta articular estas medidas con la financiación de la política de seguridad y los objetivos de la Paz Total.
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