Gustavo Petro

La declaratoria de emergencia económica profundizó la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, dando lugar a sesiones extraordinarias, citaciones masivas de ministros y múltiples debates de control político en el Senado. Mientras el Gobierno insiste en que el estado de excepción es necesario para enfrentar el déficit fiscal y evitar una parálisis del Estado, congresistas de distintos partidos cuestionan su legalidad, alcance y conveniencia, al tiempo que gobernadores y gremios económicos expresan reparos por el impacto en inversión, confianza y estabilidad institucional.

La confirmación de secuestros de policías, militares y funcionarios del CTI por parte de disidencias de las Farc y estructuras del ELN volvió a poner en evidencia el deterioro de la seguridad y los límites de la política de Paz Total. Aunque se conocieron pruebas de supervivencia de los uniformados retenidos, el tema reavivó críticas al Gobierno por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el fracaso de algunos diálogos y la percepción de pérdida de control territorial en regiones clave como el Cauca, reforzando la narrativa de que 2025 estuvo marcado por el debilitamiento de la estrategia de paz.

El retiro de recursos del Gobierno a Colfuturo para el programa Crédito-Beca desató una intensa controversia sobre el modelo de financiamiento de la educación superior. Mientras el presidente Petro arremetió contra la fundación señalando que favorece a élites, directivos de Colfuturo, estudiantes y expertos advirtieron que la decisión pone en riesgo miles de oportunidades de formación avanzada y profundiza la incertidumbre en la política educativa, abriendo un debate de fondo sobre gratuidad, equidad, sostenibilidad fiscal y el papel de alianzas público-privadas.