27 de Noviembre de 2025
El caso de alias Calarcá sigue creciendo con nuevos análisis forenses, declaraciones cruzadas y señales de quiebre institucional: mientras el Presidente insiste en que algunos archivos incautados serían falsos, varias voces —incluidos exministros y analistas— afirman lo contrario, alertando sobre riesgos para la inteligencia del Estado, la infiltración en entidades como el DNI, Indumil y la Vicepresidencia, y la necesidad urgente de evitar que funcionarios se vinculen a actividades ilegales. Paralelamente, se conocen decisiones disciplinarias contra altos cargos presuntamente relacionados y el gobernador de Antioquia rechaza con dureza el nombramiento de alias Samir como gestor de paz. Todo ocurre en un ambiente de deterioro de seguridad, homicidios, bandas criminales en expansión y una creciente preocupación sobre el impacto político y militar de la crisis.
La Fiscalía confirmó que solicitará medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el desfalco de la UNGRD, involucrando contratos, sobrecostos, decisiones administrativas y vínculos con Olmedo López. El escándalo escala a niveles críticos con múltiples titulares, informes especiales y reacciones desde Congreso, Cortes, procuradores y opinadores, mientras se reabren audiencias, se compulsan copias y se pone en entredicho la actuación de varias entidades del Gobierno. La crisis se conecta con el financiamiento de la campaña Petro Presidente, los movimientos del CNE y la Comisión de Acusaciones, elevando la dimensión judicial y política de un caso que se convierte en un terremoto institucional.
La reforma tributaria enfrenta uno de sus momentos más inciertos: comisiones económicas rompen repetidamente el quórum, se aplazan votaciones y el debate se prolonga incluso una semana más mientras el Gobierno intenta “darle la vuelta a los votos”, según el ministro del Interior Armando Benedetti. En paralelo, Petro advierte que la economía podría caer en default si no se aprueba la ley de financiamiento, mientras gremios, analistas y congresistas señalan dudas fiscales y riesgos macroeconómicos. Todo ocurre mientras la Dian revela cifras de renta y retención que no serían suficientes para las necesidades del país, lo que refuerza la presión económica, política y mediática sobre el trámite.
El CNE sanciona la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales, compulsando copias a la Fiscalía y enfrentando fuerte rechazo del Pacto Histórico, mientras el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, interpone una tutela para reabrir pruebas en su caso. Paralelamente, avanza la investigación por financiación irregular con testimonios, audiencias —incluida la de Day Vásquez por principio de oportunidad— y nuevos interrogantes sobre aportes como el de FECODE. El debate se extiende a la contienda de 2026, donde analistas evalúan el impacto político de estas decisiones en un ambiente de alta polarización, movimientos estratégicos, precandidatos en exposición y creciente desgaste institucional.
El Gobierno vive un momento complejo: múltiples funcionarios cercanos al Presidente son imputados o investigados, Nicolás Petro no acepta los delitos que se le atribuyen y se mantiene bajo presión judicial, mientras la Fiscalía deja en firme medidas de aseguramiento en distintos procesos. A esto se suman los llamados de atención del presidente de la Corte Constitucional para que Petro respete los límites institucionales y las críticas del gobernador de Antioquia por decisiones en materia de seguridad y paz. También persisten controversias en la Universidad de Antioquia por el nombramiento de Wilmar Mejía, reflejando la tensión entre academia, Gobierno y regiones en un ambiente político denso y confrontado.
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