20 de Enero de 2026
El caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay volvió al centro del debate nacional tras el reversazo de la Fiscalía en la imputación contra el director de la UNP, decisión que generó indignación en la familia, cuestionamientos políticos y un fuerte desgaste institucional, mientras Miguel Uribe Londoño y la viuda del senador denuncian falta de claridad, contradicciones en la investigación y posibles presiones, alimentando la percepción de impunidad en un proceso de alto impacto político y electoral.
El Gobierno Petro atraviesa un momento de alta tensión interna, marcado por acusaciones cruzadas entre funcionarios, choques públicos entre ministros, salidas polémicas y una narrativa de desorden que incluso ha sido comparada con prácticas mafiosas, lo que debilita la cohesión del Ejecutivo y refuerza las críticas sobre la falta de liderazgo, coordinación y control político en la recta final del mandato.
La advertencia del presidente Petro sobre un posible ‘default’ si no se aprueba la emergencia económica encendió las alarmas en sectores políticos y económicos, en medio de un panorama de finanzas públicas frágiles, debates sobre contabilidad creativa, tensiones con grandes grupos empresariales y un creciente cuestionamiento a la sostenibilidad del gasto, el endeudamiento y la credibilidad de las cifras oficiales presentadas por el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda anunció una reducción gradual en el precio de la gasolina y avanza en decretos que obligarían a los fondos privados de pensiones a repatriar capitales e invertir más en el mercado local, decisiones que generan expectativas de alivio para los ciudadanos, pero también preocupación entre analistas e inversionistas por su impacto en la confianza, la inflación, el ahorro pensional y la estabilidad macroeconómica.
La crisis estructural del sistema de salud se profundiza con hospitales al borde del colapso financiero, denuncias de corrupción, declaraciones polémicas del ministro Guillermo Jaramillo y el temor de pacientes y gremios frente a una eventual liquidación de EPS intervenidas, escenario que ha provocado llamados a la prudencia, reclamos desde las regiones y una creciente presión social sobre el Gobierno para garantizar continuidad en la atención.
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