Gustavo Petro

El incremento del salario mínimo desató una fuerte tormenta política y se convirtió en eje central del debate electoral rumbo a 2026, con reacciones de precandidatos presidenciales, congresistas y partidos. Mientras sectores del Pacto Histórico y figuras como Iván Cepeda o Clara López defienden la medida como justicia social, voces de oposición advierten que se trata de una decisión política con fines electorales, incluso comparándola con modelos económicos de corte populista y proyectándola como un tema clave de campaña.

Gremios como la ANDI, Fenalco, Acopi, Andesco y el Consejo Gremial expresaron una fuerte preocupación por los efectos del aumento, alertando sobre riesgos para el empleo formal, la sostenibilidad de las pymes y el crecimiento de la informalidad. Los empresarios sostienen que el ajuste podría elevar costos operativos, precios de bienes y servicios atados al salario mínimo y generar presiones inflacionarias, además de abrir la puerta a demandas jurídicas contra el decreto.

Economistas, académicos y exministros como Mauricio Cárdenas, Juan Pablo Herrera y analistas de universidades y centros de pensamiento coinciden en que el aumento tendrá efectos mixtos en la economía, beneficiando a quienes reciben el mínimo, pero generando tensiones sobre inflación, informalidad, tasas de interés y competitividad. Desde la academia se advierte que el impacto real dependerá del comportamiento de precios, del empleo y de la capacidad del Estado para contener efectos secundarios en sectores sensibles.