24 y 25 de Diciembre de 2025
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la implementación de un salario mínimo “vital” para 2026 se consolida como el eje principal de la agenda pública, planteado como una herramienta para recuperar el poder adquisitivo de las familias y garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y transporte. La propuesta, presentada en varias alocuciones presidenciales, introduce cambios en la forma de cálculo del salario mínimo y ha generado amplias reacciones de empresarios, gremios agrícolas, centrales obreras y expertos económicos, quienes debaten su impacto sobre la inflación, el empleo, la productividad y la sostenibilidad empresarial.
La emergencia económica decretada por el Gobierno Petro sigue marcando el debate nacional, especialmente por los nuevos impuestos anunciados, su impacto sobre el sector privado y las dudas sobre su constitucionalidad. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria para enfrentar desequilibrios fiscales y sostener el gasto social, gremios como Asobancaria, partidos de oposición y analistas jurídicos advierten riesgos institucionales, lo que ha derivado en tutelas, anuncios de control político y una alta expectativa frente al estudio que realizará la Corte Constitucional una vez finalice la vacancia judicial.
La Corte Constitucional emerge como actor clave en la definición del futuro del decreto de emergencia económica, en medio de presiones políticas, debates sobre la interrupción de la vacancia judicial y alertas sobre el uso reiterado de estados de excepción. Columnistas, periodistas especializados y líderes políticos resaltan la preocupación institucional por el alcance de los decretos, el manejo de recursos públicos y el precedente que podría sentarse en materia de separación de poderes, profundizando la tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos de control.
El ambiente político comienza a configurarse claramente en clave electoral, con definiciones sobre consultas interpartidistas, pronunciamientos de precandidatos presidenciales y análisis sobre el cierre del Gobierno Petro. Figuras como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Paloma Valencia, Claudia López y otros líderes políticos utilizan el debate sobre salario mínimo y emergencia económica para posicionar sus narrativas, mientras el Congreso es evaluado por su desempeño legislativo y el país entra en una etapa de alta polarización de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
La política de seguridad y paz vuelve a ocupar un lugar central con el anuncio de zonas de ubicación y concentración temporal para miembros del Clan del Golfo, en paralelo al análisis internacional que designa a este grupo como organización terrorista. Estas decisiones generan debate sobre su impacto en el orden público, la negociación con grupos armados y la coherencia de la estrategia de Paz Total, mientras se mantienen preocupaciones por economías ilícitas, narcotráfico y control territorial en distintas regiones del país.
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